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DIEGO CAMACHO
La Defensa Nacional.

LA DEFENSA NACIONAL

EL MARCO HISTÓRICO

Cuando Juan Carlos I sube al trono y ocupa la Jefatura del Estado, lo hace asumiendo todos los poderes que tenía su antecesor. En noviembre de 1975, el Rey no lo es de un régimen parlamentario sino que comienza ejerciendo como un rey absoluto, pues en él convergen todos los poderes políticos existentes en el Estado totalitario anterior. La legalidad y la legitimidad del nuevo régimen es la que hereda de la dictadura, aunque en ese momento el objetivo político de la mayor parte de las fuerzas políticas sea lograr un régimen democrático por la vía del consenso y la reforma. La frase de Torcuato Fernández Miranda “de la ley a la ley” define perfectamente el espíritu existente en ese momento. Entre todos esos poderes está el de ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Estas habían recibido, en el testamento de Franco, su última orden que era la de prestarle al nuevo rey la misma lealtad que le habían proporcionado a él en vida.

El testamento pone en evidencia, sobre todo, la importancia que el general concede a los ejércitos en la consolidación del régimen naciente, como factor determinante en su permanencia y estabilidad. Esta idea de Franco es en realidad un reflejo condicionado de la concepción que tenía Cánovas del Castillo, sobre cual debía ser la misión más importante del Ejército, en el ámbito de la política interior, durante la Restauración iniciada con Alfonso XII: constituir el último baluarte de defensa de la monarquía ante la presión social y revolucionaria que amenazaban, en esa época, a todas las casas reinantes europeas. Esta idea política irá quedando desfasada a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la revolución bolchevique y de la derrota de los imperios centrales en la I GM. El ascenso político de la burguesía o de la clase obrera será un hecho generalizado en casi toda Europa. Los ejércitos serán en adelante la nación en armas y dejaran de tener como prioridad los intereses de la realeza, en los regímenes monárquicos, en beneficio del interés nacional. También en los sistemas republicanos el interés nacional será el predominante, a excepción de los comunistas, en los que el partido heredará el papel de los zares, en lo que se refiere a su relación con los ejércitos.

La idea del líder conservador suponía, paradojas de la historia, la solución a un problema acuciante, pues venía a sustraer al ejército del papel faccioso que había desempeñado durante varias décadas del siglo XIX, pero también una regresión pues retrotraía el papel de los ejércitos al que habían desempeñado en la época del despotismo ilustrado al servicio de la Corona.

Una vez desaparecido Fernando VII, se abre en España una lucha continua y excluyente por el poder, entre las distintas facciones del liberalismo. Cuando una de ellas consigue que Palacio le encargue a su líder formar gobierno, este al tomar el poder abre un periodo constituyente que finaliza con la promulgación de una Constitución hecha a la medida ideológica de su partido pero sin instrumentos legales que permitieran la alternancia en el poder. Cuando el partido gobernante se debilita otra facción prepara la toma del poder que ha de hacerse con la técnica del golpe de Estado en su modalidad de “pronunciamiento” por la falta de mecanismos parlamentarios permitan el relevo. Así las Constituciones moderadas o progresistas se suceden y siempre utilizando al Ejército como la herramienta necesaria para el cambio político. Ello aconseja a los partidos políticos poner a la cabeza de sus formaciones a generales prestigiosos que llegado el momento se pronunciarían y permitirían al partido alcanzar el poder. Por eso generales como Espartero, O´Donnell o Narváez encabezarían a progresistas, centristas o moderados en el seno del liberalismo español.

Hasta que Narváez pierde el poder, el Ejército interviene en cada momento como respaldo a un determinado general y por lo tanto a la opción que este representa. Después de la desaparición del “espadón de Loja” es cuando se produce un punto de inflexión. El Ejército deja de respaldar a una determinada facción y empieza a actuar como poder institucional para el cambio político. Tanto en el destronamiento de Isabel II como en la coronación de Amadeo de Saboya o en la restauración de Alfonso XII, los militares intervienen como institución. Prim o Martínez Campos encabezan a todo el Ejército y la Marina a la hora de expulsar o traer a un monarca. Cánovas va a lograr que en adelante el Ejército deje de representar el papel esencial en la vida política española al dejar de ser necesario para provocar el cambio político. Lo va a conseguir con la Constitución de 1876 que contempla la alternancia política y hace ya innecesario el “pronunciamiento”. Es ilustrativo el último consejo que Alfonso XII, en su lecho de muerte, le da a la futura regente: “Cristinita guarda el coño y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”.

Como he señalado más arriba el problema inmediato para apartar a las Fuerzas Armadas de la lucha política había sido resuelto, el Ejército había dejado de ser necesario para la alternancia en el poder pero también se le había vinculado exclusivamente a los intereses de la Corona y no a los de la nación, como había ocurrido durante el absolutismo y el despotismo ilustrado. En un parlamentarismo monárquico naciente, aunque con vocación de futuro, lo deseable hubiera sido que la vinculación de los ejércitos se fueran deslizando de defender los intereses de la Corona a defender los intereses nacionales, de manera que de una forma sutil terminaran siendo aquellos parte de estos, de una forma similar a lo acaecido en Gran Bretaña. La cortedad de miras en el planteamiento político y la oficiosidad aduladora de los cortesanos lo evitó. De esa manera los militares a partir de Alfonso XII se convierten en un ejército del rey antes que del pueblo. Cuando el soberano encarna la soberanía nacional el problema no existe, pero cuando se entra en épocas sin rey y la soberanía recae en el pueblo, muchos militares se sienten huérfanos y distanciados de la sociedad civil. En esos periodos sin rey, República, o con él pero sin detentar la soberanía nacional, monarquía parlamentaria de 1978, todos los gobiernos de las diferentes ideologías han estado más preocupados en desmantelar institucionalmente un poder militar que les causaba miedo a resultas de considerarlo poco fiable, que reformar y reorientar a las Fuerzas Armadas para convertirlas en la piedra angular que requiere la seguridad entendida en su sentido más amplio.

Los casi 40 años de dictadura militar son un periodo singular, al ser un régimen de carácter personal y sin ideología definida, pero donde también se ve en el general Franco esa vinculación trascendente hacia la monarquía de la que hablaba más arriba. Alfonso XII será su padrino de boda, durante su gobierno España será un reino sin rey y cuando busque una sucesión, elegirá al hijo del principal pretendiente al trono. En su testamento pedirá a los militares lealtad al nuevo rey, no al pueblo español.

El intento fallido de golpe de Estado, el 23 – F de 1981, supone el principal punto de inflexión con referencia al papel de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad española. La tutela militar respecto al nuevo régimen y a la Corona termina. Para cubrir a la clase política y a la Casa Real, involucradas en este acontecimiento, es preciso presentar un cordero pascual que asuma toda la responsabilidad y que es el Ejército. Desde una determinada óptica esta desvinculación de los militares de la política fue positiva al superarse dinámicas históricas que estaban periclitadas y que en definitiva suponía ubicar la fuerza en el lugar adecuado y también homologable al que ocupa en cualquier nación democrática. Desde otra perspectiva esa desvinculación de la política estaba motivada por un fracaso que había intentado detener la evolución natural hacia la democracia, y que era la deseada mayoritariamente por la población, no por una necesidad sentida social o políticamente. Esta circunstancia hacia que las Fuerzas Armadas tuvieran que asumir el amplio rechazo y desconfianza de la opinión pública, mientras el Rey y los principales líderes se felicitaban de haber podido sortear la situación que ellos mismos habían creado.

La pérdida de prestigio social por parte del Ejército, era la peor hipótesis para afrontar la necesaria modernización que permitiera atender los nuevos retos que se planteaban para la Defensa Nacional, con garantías de éxito, ya que la clase política se veía obligada por su electorado, igual daba que fuera “progresista” o “conservador”, a embridar una supuesta pulsión golpista que afectaba a los militares que habían iniciado su carrera profesional durante la dictadura. Ello originó un electoralismo nefasto para la Seguridad Nacional al adoptarse decisiones en función del impacto que las mismas iban a tener en las encuestas. El ejemplo más palmario estuvo en la supresión del servicio militar obligatorio y sus reducciones previas. Se hizo prospectiva electoral, no de seguridad. El resultado fue colocar el nivel de exigencia intelectual, para ingresar en las Fuerzas Armadas, en los umbrales de la oligofrenia y tener que acudir a la contratación de extranjeros, cuya única motivación era la de conseguir papeles para trabajar en la UE, para poder alcanzar los cupos previstos. Los ciudadanos españoles, en época de vacas gordas, estaban totalmente desmotivados para participar en su propia Defensa.

LA FALLIDA MODERNIZACIÓN DE LOS EJÉRCITOS

La desazón generada por el 23 –F en el seno de la sociedad española iba a facilitar la desactivación como poder fáctico del Ejército. La llegada al poder de Felipe González en 1982 con la mayoría absoluta de 202 escaños, que le proporcionaban el respaldo popular de más de diez millones de votos, iban a posibilitar esta acción política del PSOE. Lo verdaderamente lamentable de esa operación fue que no se aprovechara el momento para modernizar de una vez a las Fuerzas Armadas y dotar a España de la fuerza militar que realmente necesitaba, acorde con el status que aspiraba tener en el mundo. Todo quedó en privar a los militares de la influencia política que habían tenido pero a costa también de dejar a la nación prácticamente inerme, de hecho sólo defendida por las fuerzas de los países aliados o de las organizaciones internacionales de las que formaba parte.

La falsa modernización se inicia en 1984 con la Directiva de Defensa Nacional, en la que se marcan los objetivos de la Defensa y las acciones a desarrollar para alcanzarlos, por los diferentes ministerios, que una vez coordinadas se integrarían en un Plan General de la Defensa, que aprobaría el gobierno a mediados de 1985 y que nunca llegaría a estar realmente operativo. Sería la coartada para cercenar la eficacia militar aunque ello supusiera poner en grave riesgo la Seguridad Nacional.

Como herramienta a este dislate se utilizó el plan META, elaborado durante la última época de la UCD, que proponía una reducción de efectivos pero unida a un incremento de la operatividad; en base a unas mejoras en la preparación profesional y en los equipos de combate disponibles. El ministro utilizando el mismo nombre del plan va a variar los objetivos del mismo, valiéndose para ello de la complicidad necesaria de varios militares que van a anteponer la culminación de sus carreras al interés nacional. En lugar de crear unas Fuerzas Armadas modernas que se constituyan en la vanguardia de la Defensa Nacional, van a acentuarse los vicios existentes y va a vaciarse de espíritu de servicio y de sacrificio a la carrera de las armas.

En primer término, se sobredimensiona la burocracia ministerial manteniendo la existente en los Cuarteles generales. Es decir, en lugar de racionalizar el gasto y lograr la eficacia en la gestión; se incrementan los gastos generales y se ralentiza la dinámica administrativa. Hay muchas más personas en las oficinas y todo va mucho más lento y peor. Como corolario, se gratifica generosamente a los profesionales que ocupan estos puestos de staff en detrimento de aquellos que mandan tropa o unidades operativas, extremo que no creo necesite más explicación, pero que tiene unos efectos corrosivos para la propia dignidad de las FFAA.

En segundo lugar, se produce una drástica reducción de plantillas que no son amortizadas, para agilizar la burocracia del sistema, sino que profesionales muy preparados son sustituidos por civiles que, en la mayoría de los casos, su mayor merito consistía en militar en el partido político que gobernaba. Los efectos administrativos de ese arribismo en los segundos y terceros niveles, fue letal para la eficacia.

Como tercera medida, se disuelven nueve Brigadas DOT, que son las que poseían una orgánica más idónea para las nuevas amenazas y las unidades operativas más preparadas: las Compañías de Operaciones Especiales, para la guerra asimétrica, la guerrilla o el terrorismo. Estas últimas pierden gran parte de su operatividad al transformarlas primero en Grupos y más tarde en Brigadas. Su adaptabilidad y movilidad anteriores son sustituidas por un refuerzo engañoso de material, que lo único que consigue es incrementar sus problemas logísticos a unos niveles inadecuados para unidades de este tipo.

En cuarto lugar se sigue primando en el Ejército de Tierra el arma acorazada sobre las unidades de montaña. Cuando nuestro país es el más montañoso de Europa, con excepción de Suiza, y la compartimentación de nuestra orografía imposibilita un despliegue de carros de combate que pueda maniobrar y ser decisivo para defender el conjunto de España. Lo que si parece evidente, es la admiración hacia el general Guderian que prolifera entre los oficiales de nuestro ejército.

En quinto lugar, se suprime la adquisición de material militar moderno para el Ejército de Tierra y se potencia la inversión en el Futuro Avión de Combate (FACA) y del Grupo de Combate Alfa de la Flota.

Finalmente, se suprime al Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y se le sustituye por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que ya no tendrá mando operativo como su antecesor sino cuya nueva función es sólo de asesoramiento.

En tres años la situación militar dará un vuelco, el Presidente González tendrá en su haber el haber logrado que los militares dejen de ser una amenaza para el poder constituido pero, por su falta de sentido de Estado, tendrá en su debe el haber dotado a España de unas Fuerzas Armadas débiles, poco motivadas, rechazadas socialmente y en definitiva incapaces de asegurar mínimamente la Defensa Nacional. Como ejemplo un solo dato, de los 150.000 hombres existentes en plantilla, en 1987, solamente 30.000 servían en unidades operativas. Los 120.000 restantes lo hacían en cometidos tan poco útiles para la Defensa como en el régimen político anterior. Queda pues patente que corregir vicios pasados, modernizar las unidades o hacer más operativos a los ejércitos no se contemplaban en la agenda del PSOE, aunque se rebautizara la operación como “META”. Podríamos preguntarnos los ciudadanos, ¿meta, de qué?

Sólo siete años más tarde, González con otro gobierno y debido a no haber podido enviar a los Balcanes el contingente requerido de soldados profesionales y haber tenido que recurrir a reclutas forzosos, se ve obligado a lanzar un nuevo proyecto en sustitución del existente, el plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra).

Según este plan, las unidades operativas del Ejército de Tierra quedaban reducidas a ocho Brigadas, o sea 25.000 soldados operativos, de un total de 134.000 que según el ministerio deberían conformar la totalidad de este pequeño ejército, que además tendría 60.000 mandos. También se seguía apostando por una movilización de carácter convencional, como la que había tenido lugar en Europa en las dos guerras mundiales y que desde luego no daba respuesta a nuestra amenaza más importante y por lo tanto prioritaria.

En el apartado de armamento se seguía la dinámica discriminatoria hacia el Ejército de Tierra, la fuerza más necesaria para nuestra defensa en la hipótesis más probable, en beneficio de la Armada y el Aire que invirtiendo en costosos sistemas de armas tampoco experimentaban un avance sustancial en su operatividad para enfrentar la hipótesis mencionada, aunque bien es cierto que dejaban unas comisiones mucho más cuantiosas. Un ejemplo de esta incompetencia en la gestión gubernamental lo constituye el alquiler de los carros de combate Leopard a Alemania, incluso para desfilar por la Castellana.

LA DEFENSA NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978

Los términos Defensa y Defensa Nacional, han de entenderse como sinónimos si nos atenemos a lo que contempla la Constitución Española de 1978 en la que aparecen, explícita o implícitamente, en cuatro artículos de la misma.

a) Como misión constitucional de las Fuerzas Armadas (Título Preliminar, artículo 8.1) en el actual sistema político. Al situar este artículo en el Titulo Preliminar el legislador les da a las Fuerzas Armadas un status similar a otros pilares de la identidad nacional como el idioma o la naturaleza del Estado. Esta misión se proyecta en un triple haz de responsabilidades que son: garantizar la soberanía y la independencia nacionales, defender la integridad territorial y salvaguardar el ordenamiento constitucional.

La función primaria con la que se relaciona al Ejército de cualquier nación es la de defenderla de una agresión exterior, es su misión de origen y la que dio lugar al nacimiento de los ejércitos permanentes, al servicio del rey o de un noble, para salvaguardar la independencia de un pueblo frente a otro invasor.

La defensa de la integridad territorial, no es sino la consecuencia de garantizar la soberanía nacional en todo el territorio. Generalmente, esta amenaza procede del exterior del pueblo que quiere dominar a otro, pero también puede surgir desde el interior del propio país cuando se produce una situación secesionista en alguna región del mismo. Como la soberanía nacional reside en el pueblo español (Título Preliminar, artículo 1.2), del que emanan todos los poderes del Estado, esa función de defensa de la soberanía nacional se realiza en beneficio exclusivo del pueblo español, no en el del interés particular de cualquier partido, grupo o familia. Hay que entender que los conceptos de pueblo y sociedad que aparecen en el Preámbulo son también sinónimos ya que la soberanía nacional sólo puede tener un titular.

La salvaguarda del orden constitucional se le encomienda a las Fuerzas Armadas por ser estas las que poseen la mayor fuerza que es capaz de desplegar el Estado. La Constitución es la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y en su defensa el Estado está legitimado para emplear todos sus recursos. Esta misión es asignada a los ejércitos en todos los países democráticos siempre y cuando posean FFAA. No obstante, al ser también un derecho y un deber del ciudadano defender la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas son sólo la vanguardia de esa defensa en la que se haya comprometida toda la nación. Por eso una Defensa Nacional insuficiente, como es el caso, pone en peligro evidente la libertad de los ciudadanos.

Se contempla el deseo del legislador en superar la dinámica histórica de sujeción de los ejércitos a la Corona, como es lo natural y estabilizador en los regímenes de monarquía parlamentaria, cuando le asigna al Rey el mando supremo de las FFAA a la vez que exige el refrendo, presidencial o ministerial, de cualquiera de sus actos políticos y le exime de responsabilidad. De esta manera el Jefe del Estado ocupa la más alta magistratura del mismo, así como el mando supremo de los ejércitos. Pero las decisiones de empleo y utilización de los mismos corresponden a los que ostentan la representación de la soberanía nacional. De esa manera las Fuerzas Armadas quedan al servicio del pueblo y subordinadas a su gobierno legítimamente elegido.

La defensa del orden constitucional por las FFAA se vincula a un supuesto de estado de sitio, en el que sería indispensable la previa declaración del mismo por parte del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional.

La defensa de la integridad territorial se relaciona con la facultad que asiste al gobierno, en el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpla sus obligaciones o atente gravemente contra el interés general de España, para adoptar las medidas necesarias que obliguen a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. La intervención militar, ordenada por el gobierno, no requiere la declaración previa del estado de sitio.

La intervención de las Fuerzas Armadas también está prevista en otros supuestos menos graves que la Constitución denomina como estados de emergencia (artículo 116). Son el estado de alarma y el estado de excepción, cuya declaración por el gobierno está en función de la distinta gravedad generada por circunstancias extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad.

b) Como derecho y deber de los españoles (Título I, Capítulo II, sección 2ª, artículo 30) al señalar que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Al introducir el legislador este derecho en la 2ª sección en lugar de en la 1ª es clara su intención de otorgar un nivel de protección jurídica inferior a los derechos que se enumeran en la 1ª sección. Así cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de los tribunales ordinarios por un procedimiento sumario y de preferencia, e incluso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solo si se trata de los derechos contenidos en la 1ª sección. La supresión del servicio militar obligatorio anula la única excepción que existía en el artículo 30 por objeción de conciencia, ya que se vinculaba al artículo 16 que garantiza la libertad religiosa, a una tutela judicial de segundo nivel.

Colocar este derecho en un segundo rango de importancia es un contrasentido, fruto del deseo de satisfacer a una izquierda miope por parte de una derecha avergonzada de su pasado político y una de las concesiones sin sentido realizadas en aras del consenso de la transición. Sin España no hay derechos que garantizar o defender, por eso no pueden ir estos antes que la propia existencia de la nación española.

c) Como responsabilidad del gobierno (Título IV, artículo 97) que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Gobierno y Administración están completamente vinculados en la estructura del actual Estado. El gobierno goza así de la dimensión política al emanar del Parlamento pero también de la administrativa. Por eso los ministros son los jefes de los distintos Departamentos en los que se divide la Administración Pública para dar satisfacción a las necesidades colectivas.

El órgano superior del gobierno es el Consejo de Ministros, que es la reunión colegiada de todos ellos y representa la máxima autoridad de la Administración Pública. Y que ejerce las competencias que le señala el artículo 97. La práctica política y el protagonismo de los sucesivos Presidentes han venido a desvirtuar este mandato constitucional. Suárez, González, Aznar y ZP han actuado más con espíritu presidencialista que como Primeros Ministros, Calvo Sotelo en su breve paso por el gobierno fue la excepción, los ministros en pocas ocasiones gozaron del protagonismo que debían y ello por la mayor gloria del líder, a pesar de ir en detrimento de la Constitución.

d) Como competencia exclusiva del Estado (Título VIII, Capítulo III, artículo 149.1.4ª) que las tiene sobre Defensa y Fuerzas Armadas. La asignación en exclusividad al Estado de estas competencias, es plenamente coherente con el espíritu de la Constitución puesto que al residir en el pueblo español la soberanía de la nación y en las FFAA la misión de garantizarla, el Estado no puede delegar en una parte la defensa del interés general. Esta imposibilidad de delegación en asuntos referidos a la Defensa Nacional hay que entenderlo en el sentido amplio, por eso no sería viable tampoco delegar la diplomacia del Estado ya que es otro de los pilares en la que se asienta la Defensa de la nación. Es absurdo pensar que puede lograrse una Seguridad Nacional válida sólo con los Ejércitos y sin diplomacia, o al revés. Por ello la apertura de representaciones de diferentes Comunidades Autónomas en el extranjero además de ser inconstitucional es un error, pues diversifica la acción exterior, confunde a nuestros aliados e imposibilita la defensa de los intereses nacionales, y todo ello para buscar un acomodo a un primo o a un hermano. La permisividad de los gobiernos de ZP y de Rajoy en este asunto es una clara prueba del escaso valor que sus Consejos de Ministros respectivos conceden a la Defensa Nacional.

HACIA UN CONCEPTO DE LA DEFENSA NACIONAL

El término Defensa Nacional debe de ser interpretado, como he dicho más arriba, de manera amplia ya que si lo fuera de forma literal resultaría obsoleto pues no podría dar respuesta a las necesidades de defensa de todos los intereses nacionales y su puesta en escena no respondería a nuestras circunstancias actuales, tanto geoestratégica como regional, y que exceden ampliamente el marco interno. La situación política de España es una realidad mucho más compleja y en donde intereses no nacionales, con frecuencia, prevalecen a los de nuestro país.

El primer elemento necesario en la formulación de una política de Defensa Nacional es la armonización de la misma con la política de seguridad global a la que pertenecemos. La alianza con los EEUU y la pertenencia a la UE y a la OTAN, señalan el marco a nivel mundial y regional donde nos movemos. La búsqueda para que la correlación de fuerzas entre nuestros aliados sea favorable a España debe de ser la prioridad en el pensamiento estratégico de nuestra nación y la que debe condicionar todos los sectores concernidos, no sólo el diplomático.

Precisamente cuando España negocia su entrada en la OTAN y en la UE, no se tuvo en cuenta la armonización de nuestros intereses internacionales con nuestras necesidades internas, colocándose aquellos en un lugar secundario, y se entró de cualquier manera sin exigir un trato equivalente al que recibieron nuestros nuevos socios cuando ingresaron. Lo urgente era entrar cuanto antes, para estabilizar una situación interna que los líderes políticos se habían encargado de hacer inestable, no entrar bien.

La OTAN admitió a Francia que Argelia fuera territorio a defender, cuando era su provincia, o a Gran Bretaña que Gibraltar sea parte del Reino Unido, cuando es una colonia, y por lo tanto sea territorio protegido. Mientras que la organización no contempla que Ceuta y Melilla sean territorios que deban ser protegidos por la Alianza al no estar reconocidos como pertenecientes a España, ni tampoco el resto de las plazas de soberanía española en el norte de África: islas Chafarinas, isla de Alborán, peñón de Alhucemas, peñón de Vélez de la Gomera o el islote Perejil.

La UE reconoce, según el tratado de Lisboa de 2007, como territorios ultraperiféricos: los que Francia tiene en America o en los océanos Índico y Pacífico; los que Holanda tiene en el Caribe; los que Dinamarca posee en Groenlandia y Gran Bretaña en los océanos Atlántico, Índico, Pacífico, Caribe y Gibraltar. Mientras que las plazas de soberanía española y las ciudades de Ceuta y Melilla, no existen para nuestros aliados europeos. Constituye Gibraltar el paradigma de esta situación, con las continuas violaciones de la marina británica a nuestras aguas territoriales y la protección que desde la Roca se da al contrabando y a todo tipo de tráfico ilegal. No se debe olvidar que la última colonia en Europa es uno de los principales paraísos fiscales que hay en el continente.

Lo descrito es la consecuencia de no disponer de una política de Seguridad Nacional. Si no se tiene, no puede esperarse que nuestros aliados nos la proporcionen. Puede decirse que en la actualidad no hay un solo país en estas dos organizaciones que sea peor tratado, en el ámbito de la seguridad, que España. Volvemos a contemplar lo nefasto que resulta para nuestra nación la dejación que se hace en la defensa de nuestros intereses internacionales. En resumen, la defensa de nuestras plazas de soberanía y ciudades españolas, geográficamente fuera del continente europeo, no van a contar con el apoyo de nuestros aliados, pero si Gran Bretaña defiende otra vez las Malvinas el gobierno español deberá ayudarla contra la nación argentina.

Esta situación anómala y pendiente de rectificar es el tema que debería estar presente en los Estados Mayores de los partidos con aspiraciones de gobernar, en lugar de esa obscena preocupación de colocar al familiar, al amigo o al militante al frente de una embajada.

Los intereses en juego convierten a la Defensa Nacional en un asunto de carácter global, no solo en el ámbito geográfico sino también en el económico, el financiero, el político…, en definitiva es un asunto que concierne a todos y cuyo tratamiento dejó de ser hace mucho tiempo, exclusivamente militar y diplomático.

Existen dos objetivos de interés prioritario y cuya búsqueda ha de ser simultánea: uno tiene carácter interno y podríamos sintetizarlo como preservar el orden constitucional, y el otro es de índole externa y consiste en garantizar la seguridad nacional y apoyar nuestros intereses internacionales. No se piense que esta última concepción va más allá de lo que señala la Constitución, todo lo contrario, pues la defensa de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial solo es posible si la nación permanece unida, es coherente en su política exterior y goza de prestigio internacional. Todo ello sólo es factible si España trabaja a favor de sus intereses, en un mundo donde todos los países luchan por los suyos.

Nuestra nación en el siglo XVI podía marcar las reglas de juego en el ámbito internacional, al ser hegemónica era autosuficiente para atender a su seguridad, hoy no. Las reglas son diseñadas por los EEUU y la defensa de nuestros intereses pasa, en primer término por aceptar esta realidad. Nuestra fuerza y prestigio puede venir si somos capaces de movernos dentro de ese marco de referencia. Partiendo de una acción exterior fiable y coherente hacia nuestros aliados, se puede lograr el prestigio internacional. Desde ahí es posible racionalizar la concepción estratégica del “imperio” en beneficio de nuestros intereses.

Garantizar el orden constitucional y la seguridad nacional serían los dos pilares sobre los que debe apoyarse la defensa de nuestros intereses internacionales. En una sociedad democrática una persona debe gozar de las garantías necesarias para impedir que se le imponga por la fuerza un sistema de valores diferente al que el se ha escogido. La Defensa Nacional tiene por misión preservar la vida y la libertad de los ciudadanos, en ese orden, si no es así carece de sentido.

El final de la “guerra fría” ha supuesto la desaparición del otro, es decir surge la dificultad de identificar al adversario. Desaparece la capacidad militar o de disuasión similar al terminar el enfrentamiento entre bloques estratégicos por lo que la amenaza varía su naturaleza y por lo tanto las tácticas de enfrentamiento. El terrorismo se convierte en la amenaza global y las guerras psicológicas, urbanas y asimétricas desplazan a la táctica convencional o nuclear. Surge la crisis del poder militar – industrial que siguen fabricando sistemas de armas muy costosos, pero que ya no sirven para ganar la guerra.

Los nuevos tiempos también suponen el fin de los tres ciclos que han marcado de manera decisiva la historia de la Humanidad. El ciclo cultural que se inicia con la invención de la imprenta y termina cuando aparece la informática; el ciclo económico que comienza con el irresistible ascenso de la burguesía frente a las concepciones feudales y termina con el fracaso de la planificación económica entendida según los modelos seguidos en la URSS y en China y finalmente, el ciclo político que se inicia con las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII, que van terminando paulatinamente con el antiguo régimen, y que culmina con la caída de los regímenes marxistas de Europa y Asia.

El cambio global que ha supuesto esta finalización de ciclos nunca se había dado con tal intensidad en la historia de la civilización mundial. Las respuestas a los problemas existentes dejan rápidamente de ser socialmente válidas, a la vez que las inercias burocráticas dificultan el alcanzar soluciones aceptables, en tiempo adecuado, para aquellos que poseen el poder.

PARÁMETROS PARA LA DEFENSA NACIONAL (DN) EN ESPAÑA.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el CNI y la diplomacia, son los tres instrumentos que posee el Estado para poner en marcha su política de Seguridad Nacional. Los tres ámbitos de actuación deben dejar de funcionar como compartimentos estancos, no a nivel ejecutivo, que si deben hacerlo así, sino a nivel de dirección y decisión lo que casi nunca han conseguido hacerlo, debido a la prioridad que se ha dado a los intereses corporativos sobre el interés general.

Información, negociación y fuerza deben ser tres elementos armónicos y compensados tanto en los fines como en los medios que el gobierno debe plantearse si aspira a dotar a España de una Seguridad Nacional que resulte válida para nuestra libertad y nuestros intereses. Si la información es excelente pero la fuerza es inane, la capacidad de negociación queda muy limitada. Si la información es ineficaz, una buena capacidad de negociación sólo podrá paliar relativamente los fallos de la Inteligencia; la naturaleza de la fuerza servirá para agravar o paliar la situación. Si la capacidad negociadora es deficiente una Inteligencia buena será desaprovechada, pero si es ineficaz el camino al desastre está casi asegurado que sería mayor si se hace además uso de la fuerza.

La búsqueda del equilibrio entre los tres componentes es el único camino que permite albergar esperanzas de éxito, no la seguridad pues el adversario también tiene sus aspiraciones y planteadas las cosas en similar nivel de excelencia, por ambas partes, el triunfo corresponderá a quien sea capaz de manejar mejor los tiempos, la situación, la sorpresa y tenga además de su lado la suerte. No tener planteada esa búsqueda en los diferentes programas políticos, es el seguro camino hacia la nada y lamentablemente esa es hoy nuestra situación.

Cuatro son los ejes exteriores en los que debería articularse la DN:

1º La alianza prioritaria con los EEUU permite armonizar nuestra seguridad con el realismo político existente a nivel mundial, a la vez facilita a España sustraerse de la lucha hegemónica en el continente europeo entre Alemania y Francia. La alianza atlántica es la mejor garantía para evitar “pactos de familia” o protectorados ideológicos que nos aboquen al endeudamiento político con otro país europeo.

2º La pertenencia a la UE ha permitido a España integrarse en su ámbito geográfico natural y en una situación cómoda y positiva. El poder político determinante es ejercido en la organización por: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Para preservar la autonomía nacional es necesario que el gobierno español proporcione instrumentos que potencien nuestros intereses frente a los de nuestros aliados. Por eso es positivo incrementar la participación española: en la prevención de conflictos, siempre que sea dentro de la legalidad internacional; y en el reforzamiento de alianzas regionales que afecten a nuestra seguridad específica y que propicien la multilateralidad continental como el instrumento más idóneo para evitar el aliniamiento y mantener la equidistancia en las luchas hegemónicas.

3º Iberoamérica constituye nuestra plataforma más importante de acción cultural y el medio más idóneo de lograr el prestigio y la influencia internacionales. Esta circunstancia no se da en ningún otro país desarrollado del mundo. El español como idioma y nuestra peculiar historia son unas fuerzas en ascensión. España dispone de un bagaje cultural de primer orden y en el orden político, la cooperación de los EEUU con los países del sur se facilita en gran medida si nuestro país está presente, como se demostró en la crisis de Centroamérica en la década de los años 80.

4º El Mediterráneo constituye el espacio natural inmediato. España ubicada en el extremo occidental goza de una situación geoestratégica esencial para el control del próximo oriente y del norte de África. Francia que ha sido el país hegemónico durante los últimos 150 años en la parte occidental de este mar interior, hoy necesita de cara a la profundización de su influencia estratégica en Europa la colaboración de España e Italia para potenciar el teatro de operaciones mediterráneo en el teatro estratégico continental. La pérdida de prestigio en el mare nostrum se originó por la entrega de la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania en 1975. Los sucesivos gobiernos españoles no supieron culminar la descolonización de ese territorio más que entregándolo, con el beneplácito de la ONU, los EEUU, y Francia a otro país colonizador. La recuperación de la dignidad internacional de España en este espacio geográfico sólo será posible cuando el pueblo saharaui recupere su libertad.

En lo que se refiere al aspecto interno de la DN el factor determinante, en cualquier época o circunstancia, y sobre el que hay que edificar toda la acción política lo constituye la identidad nacional. El pueblo español la generó en torno a la Constitución de 1978. Tiene numerosos aspectos y el perfeccionamiento de todos ellos constituye el objetivo prioritario. La identidad es la piedra angular para lograr la unidad nacional y esta última es el requisito indispensable para enfrentar con éxito las amenazas internacionales, preservar nuestros intereses y conservar la libertad.

De una forma breve estas facetas de la identidad nacional, acordes con la Constitución, deben concretarse en: a) representatividad directa e igualitaria de los ciudadanos, los votos deben tener igual valor y el diputado representar al ciudadano, no a su partido; b) impedir los privilegios, en los procesos electorales, a los partidos mayoritarios origen de un pluralismo imperfecto; c) evitar la politización de la justicia, impidiendo las cuotas en el nombramiento de los jueces del TS y del TC, una justicia politizada no es independiente y por ello fuente de todas las corrupciones y de la quiebra del Estado de Derecho; d) vigilar que las fiscalías sean garantes de la legalidad no de los intereses del gobierno; e) impedir que la “razón de estado” desplace y prevalezca sobre el Estado de Derecho y que el gobierno y los partidos respeten solo las sentencias que les son favorables; g) exigencia de responsabilidad en caso de mal gobierno o de políticas fallidas; h) lucha contra la corrupción, que es la principal amenaza que tiene internamente un régimen democrático; i) firmeza de los poderes públicos en su lucha contra el terrorismo; j) considerar que España es una nación no un concepto y que desde esa realidad política, los que formamos parte de ella, trabajar por su seguridad, por sus intereses y por la libertad de los ciudadanos.

O se está en el camino de alcanzar las anteriores premisas o la seguridad nacional en España es inviable a medio plazo. La DN es un proyecto, global y común, en el que todos participamos de una manera u otra por lo que no pueden atomizarse los intereses generales. Constituyendo la nación española una realidad política y cultural de las más antiguas y acreditadas del mundo, siempre ha tenido gran dificultad para reafirmar un proyecto nacional sólido. Es obvio que su dependencia internacional, desde hace 300 años, ha sido factor determinante en ese estado de cosas y que, si ello ha supuesto un aislamiento decadente en el ámbito exterior, internamente ha conllevado además dos siglos de enfrentamientos civiles y un profundo estancamiento político. A la debilidad exterior, hoy enmascarada por nuestra pertenencia a la UE, hay que sumar una profunda crisis interna de identidad que tiene su origen en el predominio del interés particular sobre el general.

EL CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

Es el órgano asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de Defensa, que le asistirá en la dirección de conflictos armados y en la gestión de crisis que afecten a la Defensa Nacional. También le compete elaborar informes sobre las directrices de la Política de Defensa y proponer al Gobierno medidas de coordinación intergubernamental. Lo componen además del Presidente del Consejo de Ministros, los Vicepresidentes, los ministros concernidos por la Defensa Nacional, los Jefes de Estado Mayor, el Director del CNI y el Jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El Consejo es la institución de más alto nivel tanto a nivel consultivo como a nivel decisorio, de gestión y coordinación. Es coherente que cuando asista el Jefe de Estado deba presidirlo, aunque por la naturaleza de las reuniones si estas fueran de carácter resolutivo y decisorio el Rey debería ausentarse, puesto que carece de capacidad política para tomar decisiones en asuntos que no sean de la Casa Real. Hacerlo de otra manera pervierte el papel que la Constitución asigna al Jefe del Estado y consolida la falsa imagen que pretende darse, a veces, de ser el Rey es el último responsable de la Defensa Nacional; cuando en este ámbito la responsabilidad recae en la soberanía popular que se residencia en los legítimos representantes elegidos en las elecciones generales.

LA CAPACIDAD MILITAR DE ESPAÑA.

Son las Fuerzas Armadas uno de los instrumentos esenciales, junto con la diplomacia y el CNI, que tiene el Estado para diseñar su política de Defensa Nacional, principalmente por la fuerza que posee y por su capacidad de encuadrar a la nación. Por eso es conveniente conocer sus capacidades reales para evaluar de forma adecuada los objetivos alcanzables y los riesgos que pueden existir si no hay una armonización continua entre medios y misiones.

Nuestra nación, desde una óptica exclusivamente militar, no posee los medios materiales para garantizar su seguridad nacional. Este importante aspecto de la soberanía se encuentra avalado tan sólo por decisiones singulares o colegiadas de otros países aliados. Con una intención enunciativa y sin entrar a analizar cada uno de los aspectos señalados, España:

No tiene capacidad militar nuclear, estratégica o táctica.
Carece de una fuerza de disuasión y tampoco aspira a tenerla, al menos a medio plazo.
No dispone de fuerzas de proyección suficientes para operar en teatros de guerra lejanos y con la necesaria autonomía. Cuando lo hace es en el papel de ejército auxiliar.
No posee capacidad táctica ofensiva (espada), mientras que la defensiva (escudo) es muy limitada debido a su errónea orientación, al no tener en cuenta la naturaleza del territorio nacional y dar prioridad a las unidades acorazadas en detrimento de las unidades de montaña.
Carece de capacidad operativa convencional sobre los eventuales teatros de operaciones europeos.
No alcanza el nivel de interoperatividad idóneo entre el mando y el conjunto de unidades de fuerza y apoyo logístico, que exige la doctrina militar.
No ha tenido unos partidos políticos que hayan contemplado en sus programas electorales la importancia que debe darse a la DN, sino que han utilizado en su propio beneficio electoral la profesionalización de las FFAA y la supresión del servicio militar obligatorio al instrumentalizarlos como un fin en sí mismos.
Ha consumado un sistema de profesionalización militar mal dotado económicamente y socialmente mal valorado, que conlleva a un déficit numérico endémico, en situaciones económicamente estables, lo que obliga a reducir el nivel intelectual de los aspirantes de tropa y marinería y a una desmotivación cívica de la Defensa Nacional.
Carece, incluso, de una organización de reservistas voluntarios tipo OTAN que colabore en programas y actuaciones de defensa civil. No ha sabido gestionar y utilizar a estos, que podrían constituir un elemento de fuerza auxiliar, tanto táctica como logística y de encuadramiento, esencial para la DN y para estimular la conciencia de Defensa entre la ciudadanía.
Carece de suficiente tejido industrial en el sector de la defensa y con una participación todavía anecdótica en proyectos de cooperación internacional.
No tiene una organización de Inteligencia homologable a la que poseen los países democráticos, permaneciendo su filosofía y funcionalidad ancladas en el pasado, aunque su capacidad técnica y operativa sea notable.
Tiene una ley de secretos oficiales y de protección de la documentación sensible, completamente obsoleta y que data de la dictadura, lo que ha convertido a España en un país muy vulnerable.
Tiene un despliegue operativo insuficiente en los teatros de operaciones que son susceptibles de una amenaza más peligrosa: Canarias, Estrecho de Gibraltar y Melilla.
Tiene empeñadas unidades en zonas de guerra con las que el gobierno, con independencia del color que tenga, actúa de manera vergonzante en numerosas ocasiones. El gobierno oculta información al ciudadano y no honra adecuadamente a los que dan su vida por su política, puesto que nuestras FFAA actúan allí como fuerzas auxiliares, es decir defendiendo los intereses de países aliados no los nuestros.

En resumen, existe una insuficiencia de recursos para atender las necesidades de la Defensa Nacional como es debido que se refleja todos los años en la ley de presupuestos del Estado. Los siempre escasos recursos económicos son empleados en sectores con mayor peso electoral, como si la DN fuera un asunto menor o que nuestra seguridad pudiera ser atendida debidamente concediéndole una prioridad de 2º nivel en los gastos generales.

LOS FACTORES DE LA POLÍTICA DE DEFENSA (PD)

El establecimiento de una PD que sea valida para nuestras necesidades, requiere una serie de reflexiones en las fases sucesivas del pensamiento estratégico, de tal manera que las respuestas obtenidas en cada una de ellas condiciona la orientación de la siguiente. Eficacia y armonización con las necesidades de nuestros aliados es la meta que es preciso lograr.

1º. ¿Cuál es la situación estratégica global y cuáles son las hipótesis de evolución posibles? No es suficiente un catálogo de amenazas para establecer una estrategia coherente. Es preciso valorar las tendencias de evolución más probables y más peligrosas en base a los datos macro, tanto en lo político como en lo económico o lo cultural, existentes en el marco internacional. Es la manera de adelantarse a los cambios de situación y sacar ganancia de una prospectiva acertada.

2º ¿Cuáles son los objetivos políticos a los que España puede aspirar? En ese marco global, sólo el conocimiento real de nuestras posibilidades y potencialidades permite establecer una estrategia idónea que nos proporcione prestigio e influencia en el mundo y estabilidad política interna.

3º ¿Cuál debe de ser el papel de las FFAA en la PD? En su relación con los otros instrumentos que posee el Estado para establecerla y en el marco general de alianzas externas que el Estado tiene establecidas. Es de esta fase de donde surge el tipo de ejército más recomendable para alcanzar los objetivos propuestos, así como en que sentido debe orientarse la inversión y el gasto.

4º ¿Cuáles deben de ser los medios disponibles? En este nivel es preciso saber: los sistemas de armas con los que debe contarse así como su volumen mínimo, y el modelo de reclutamiento necesario, con arreglo a cada hipótesis. En definitiva se estará en condiciones de hacer un análisis continúo sobre la tríada: misiones, medios y riesgos.

5º ¿Cuáles son los elementos internos que amenazan la identidad nacional? Siendo esta el elemento esencial en el mantenimiento de la soberanía y por lo tanto de la libertad de los españoles, su conocimiento objetivo y preciso es esencial para evitar la debilidad y la disgregación por factores internos. Sin unidad la nación no es posible y sin esta no somos ni significamos nada en el mundo.

Todas estas cuestiones son las que gobierno y oposición deben debatir y sobre las que debe alcanzarse un consenso que sea durable, lo que no quiere decir que no deba ser revisable de manera regular o cuando se produzca un cambio de situación interna o internacional. Sólo de esa manera puede España tener una PD coherente y por lo tanto fiable de cara a nuestros aliados, pero también respecto a nuestros eventuales adversarios. Es urgente terminar con los bandazos en nuestra política de seguridad como tradicionalmente hemos experimentado cuando un nuevo partido alcanza el poder. El interés general tiene que colocarse fuera de la contienda electoral y la seguridad nacional es nuestro interés primigenio.

LA GESTIÓN DE CRISIS

Se inician en Europa en 1992, misiones Petersberg, con participación exclusivamente militar. Es en 1999 con la creación de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) cuando la UE, en el pórtico del siglo XXI, decide asumirlas completamente y utilizarlas como herramientas para la autonomía europea en materia de seguridad utilizando su propia capacidad en los ámbitos: decisorios, operativos y logísticos; que hasta ese momento dependían fundamentalmente de la OTAN, cuyo verdadero centro decisor no estaba en Bruselas sino en Washington.

Es en el año 2000 durante el Consejo Europeo de Feira (Portugal), cuando se plantea por primera vez dar un contenido también civil a la gestión de crisis y así se diseñan los primeros campos de actuación: policía, administración civil, protección civil, el Estado de Derecho y supervisión. Dejándose abierta la posibilidad de actuación en otros sectores si las necesidades específicas así lo aconsejaran. Esta decisión reviste una gran importancia pues hace más efectiva la misión al tratar de ayudar en la causa de la crisis, no solo en su efecto, y proporcionando por ello a la UE una ventaja en el cumplimiento de las misiones con relación a la ONU y a la OTAN, lo que conlleva un aumento de prestigio e influencia a medio y largo plazo.

No obstante quedaba dar un paso más, es preciso salir de la trampa misión militar o misión civil, pues en la práctica genera diferentes orígenes de financiación y coordinación y por lo tanto mayor gasto y menor eficacia. La misión es única y para su puesta en marcha debe contar con los especialistas necesarios, coordinados por un generalista que es irrelevante sea civil o militar lo importante es que sea un buen gestor.

Esta visión armoniza el pensamiento estratégico con la nueva realidad mundial, surgida después del desplome de la URSS, y que las amenazas más probables en el futuro las constituyen: el terrorismo, la proliferación nuclear o biológica, el crimen organizado el irredentismo regional. El teatro de operaciones mundial probable no será ya el enfrentamiento nuclear o convencional directo entre Estados sino el generado por las amenazas descritas. Los sistemas de armas tendrán que reciclarse y se verá a adversarios endémicos aliarse para hacer frente a la guerra asimétrica en sus respectivas zonas de influencia. El carro de combate y el avión de caza dejan paso a la información y a las operaciones especiales.

Por otro lado, las misiones de gestión de crisis de la UE no quedaran circunscritas a un marco regional sino que tienen vocación universal de acudir allí donde sean requeridas como se ha visto con las que se han llevado a cabo en Darfur o en el Congo.

EL PLAN DE MOVILIZACIÓN

Es aquel que tiene por objetivo la activación de las personas útiles para el servicio militar en caso de amenaza grave para la soberanía nacional. Es de gran importancia en situaciones límite y puede permitir la supervivencia del país amenazado, el ejemplo más notable lo constituye la guerra del Yom Kippur (1974), en la que los ejércitos de Siria y Egipto invaden por sorpresa Israel para recuperar los territorios perdidos en 1967 durante la guerra de los Seis Días. El éxito en la movilización de la población israelí fue clave para primero contener el ataque y después poder iniciar la contraofensiva que obligó a los árabes a retirarse y pedir la paz.

Los planes de movilización están pensados para unas amenazas inexistentes pues de un eventual enfrentamiento entre bloques se ha pasado a la búsqueda de una cooperación continental que haga frente a las nuevas amenazas del siglo XXI: proliferación de armamento nuclear y biológico, terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero… del estudio en profundidad de la amenaza es de donde debe surgir el plan de movilización más idóneo. Es posible que la edad deje de ser el factor determinante a la hora de movilizar y sea la capacitación técnica otro de los factores a tener en cuenta de manera prioritaria.

Lo tradicional es llamar a filas según los tramos de edad, en una primera fase serían aquellos comprendidos entre los 18 y los 30 años y siempre de menor a mayor. En una segunda fase si la situación lo requiere se incorporarían aquellos entre los 31 y los 40 años. En una tercera fase se empezarían a llamar a partir de los 41 años.

Como he apuntado más arriba la movilización futura debe obedecer a unos criterios actuales para que respondan de manera eficaz a las nuevas amenazas y sean acordes con la PESD, que está aún por definirse, dentro de una filosofía racional de empleo: movilizar los necesarios más por su capacidad que por su edad. La Reserva Voluntaria constituye el instrumento más idóneo que se tiene para organizar la movilización del futuro, siempre y cuando se la dote de personalidad propia, pues constituyen un numeroso núcleo de civiles que desarrollan además de su profesión específica una formación militar altruista que en muchas ocasiones se debe a su exclusiva iniciativa. La Cultura de Defensa vendrá por ellos o no vendrá.

LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Ley Orgánica 6/80, de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y de la Organización Militar ha quedado obsoleta y más que una actualización, como en 2003 se intenta con la Revisión Estratégica de la Defensa (RED), lo que hace falta es una nueva ley. Los cambios experimentados, en España durante el último cuarto de siglo y en la UE en la última década, lo hacen necesario. Es evidente que nuestra DN ha de estar armonizada con las necesidades de nuestros aliados pero no puede esperarse hasta que lleguen las directivas de Bruselas entorno a la PESD, se necesita sistematizar la defensa contra nuestras amenazas específicas y más adelante armonizar con Bruselas y Washington lo que sea necesario.

Los principios declarativos de la PESD son contribuir a la paz y a la estabilidad mundial de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Para su fortalecimiento se contemplan varias acciones a corto y medio plazo:

1º Actualizar las misiones Petersberg: prevención de conflictos, acciones en materia de desarme, consejo y asistencia en cuestiones militares, operaciones de estabilización al final de conflictos y respaldo en la lucha contra el terrorismo.

2º Mejorar la organización en la gestión de crisis para lograr mayor rapidez y eficacia.

3º Promover la flexibilidad y la exigencia en su compromiso, entre los países que participen en las misiones Petersberg, en la toma de decisiones y en la acción operativa.

4º Previsión de una cláusula de seguridad y solidaridad común que permita a los Estados miembros prevenir y responder a la amenaza terrorista dentro de la Unión, sirviéndose de los instrumentos necesarios, tanto militares como civiles.

5º Creación de una Agencia de Armamento y de Investigación Estratégica como medio de reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, impulsar y garantizar los programas de cooperación entre los Estados miembros.

6º Creación en el Consejo de un comité que reúna a los MD y que vigilaría el compromiso de los Estados miembros y adaptaría los objetivos de capacidad de la Unión en función de las necesidades y de la situación internacional. Los MD podrán asociarse en el Consejo a los MAE cuando este deliberase sobre operaciones militares de gestión de crisis.

7º Encargar al alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) la responsabilidad de dirigir la acción de la UE en el ámbito de la PESD y de coordinar a los Estados miembros en cuestiones de defensa.

8º Adecuado control parlamentario de la PESD, tanto en el Parlamento Europeo como en los nacionales.

La conciencia nacional de Defensa es en España débil por varios factores que convergen en una transición política que aplazó temas esenciales y convirtió después el plazo en un banco pintado. La Defensa Nacional, como se señalaba al principio trasciende de su concepción tradicional y se identifica de manera amplia con la de los intereses nacionales. La identificación de estos debe ser rigurosa y transparente para poder implicar a la sociedad española en la defensa de los mismos, y debe ser actualizada cada vez que lo requiera así la situación estratégica. La piedra angular en la que descansa lo que podemos llamar nueva visión de la DN sigue siendo, como antaño, la nación española. Lo único que ha cambiado es el titular de la soberanía, antes era una familia y hoy es el ciudadano español.

Diego Camacho.

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