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MARIANO SÁNCHEZ SOLER
La Transición Sangrienta: Demasiadas víctimas para el olvido

El uso consciente de la violencia con objetivos políticos (que no siempre es deliberado o premeditado) ha estado presente durante la transición democrática en España, entre 1975 y 1983, y ha constituido la gran amenaza para el proceso diseñado por los dirigentes políticos del posfraquismo, que hicieron del rechazo a la violencia como arma política y del control del orden público, la base del consenso.

Pero en España se desplegó una violencia política de origen institucional para mantener el poder y el orden, y fue organizada, alentada, inspirada, consentida, e instrumentalizada, desde instituciones del Estado a dos niveles: 1) Desde el corazón del aparato de Estado, a través de estamentos y funcionarios en activo de la Administración, que disponían de poder y medios, armamento y cobertura logística para ejercer y administrar la violencia: policías, ejército, judicatura… Y 2) Desde instituciones legales reglamentadas y/o subvencionadas por el Estado, que participaban de la superestructura del poder oficial: asociaciones inscritas en los registros oficiales, entidades y partidos políticos legales con o sin representación en el Parlamento.

Esta violencia institucional fue usada para frenar los avances rupturistas democráticos, imponer el pacto, aplacar a las izquierdas emergentes, desmovilizar a las masas reivindicativas y conseguir el tránsito del régimen franquista hasta la democracia parlamentaria, con el menor coste económico y político posible para la clase dirigente de entonces. La forma peculiar en que se realizó esta transición en España impidió que el nuevo régimen rompiera totalmente con sus orígenes. La Administración Pública, el aparato judicial, el Ejército, la Policía y la empresa pública apenas sufrieron transformaciones y se incorporaron al nuevo régimen escasamente reformados.

La transición contó con dos instrumentos jurídicos destacados: la Audiencia Nacional y la Amnistía (administrada mediante un decreto y un decreto–ley).  La Audiencia Nacional fue el órgano judicial que aplicó la Ley de Amnistía de 1977; del mismo modo que su antecesor, el Tribunal de Orden Público, fue el encargado de aplicar los indultos, el decreto Ley de Amnistía de 1976 y sus sucesivas ampliaciones.

La verdad judicial emanada de la Audiencia Nacional se convirtió, de facto, en verdad oficial asumida sentencia tras sentencia y, en muchos casos, aplaudida desde los ámbitos políticos de la transición, en el Congreso de Diputados, por los sindicatos de clase y los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, la Audiencia Nacional fue un instrumento crucial para el desmantelamiento de los sectores más violentos del antiguo aparato franquista y para juzgar las acciones terroristas “desestabilizadoras”.

Los planteamientos jurídicos tuvieron consecuencias políticas directas en la evolución de la transición española. Se denominó “grupos incontrolados de extrema derecha” a los procesados. Se les clasificó como “no adscritos”. Se aplicó una sistemática individualización de las causas. Y todos los crímenes fueron jurídicamente obra de “grupos armados” creados y compuestos exclusivamente por los miembros juzgados. Esta visión se aplicó en los casos: Atocha, El Papus, Yolanda González, el Frente de la Juventud, el Batallón Vasco-Español de Iturbide y Zabala, el Ejército Español de Liberación y el comando autor de la bomba contra El País.

Consecuente con esta doctrina, la Audiencia Nacional juzgó los casos como “acciones violentas aisladas” realizadas por activistas que obraron por su cuenta; que acudieron armados a manifestaciones como guerrilleros de Cristo Rey (asesinato de Arturo Ruiz); que realizaron ataques en un momento de disgusto por la situación política (asalto al bar San Bao y apuñalamiento de Arturo Pajuelo, ambos en Madrid; la bomba contra el pub El Largo Adiós, de Valladolid…), o que desencadenaron agresiones indiscriminadas despojados de objetivos políticos (en el caso Miguel Grau, juzgado en la Audiencia Provincial de Alicante, se aplicó este criterio; también en los asesinatos de Jorge Caballero, de Andrés García, de Vicente Cuervo…). La actuación  criminal directa de policías y funcionarios de Prisiones en los casos Arregui, Agustín Rueda y Herrera de la Mancha, se produjo con la cobertura de sus departamentos y con la participación masiva de funcionarios.

Como revelo en mi libro La transición sangrienta (Península, 2010) y en mi tesis doctoral, desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1983, en apenas ocho años, la transición española se cobró más de 2.663 víctimas por violencia política entre muertos y heridos hospitalizados. De estas 2.663 víctimas, un total de 591 personas perdieron la vida. De ellas, 188 murieron en actos de violencia política de origen institucional. En cuanto a los heridos, según los únicos datos disponibles del ministerio del Interior más de 1.000 fueron víctimas de los terrorismos de izquierdas y nacionalistas (ETA, GRAPO, FRAP y otros), y un total de 1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas “tramas negras”.

Como ejemplo significativo de la gran represión policial aplicada de manera sistemática, en la Memoria referida a 1977, el Fiscal del Reino desvela que durante ese año crucial se efectuaron un total 2.402 acciones represivas de las FOP, con 4.394 detenidos que pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional. Los dos niveles, el aparato de Estado y las instituciones reglamentadas, se funden y se combinan en la comisión de los actos de violencia, al tiempo que se orquesta una represión indiscriminada para controlar la calle y acciones de terrorismo selectivas. A través de las denominadas “tramas negras”, se organizaron atentados y operaciones de castigo. También contaron con la participación, relación y amparo de los partidos y organizaciones legales FE-JONS, el Frente de la Juventud, la Hermandad de la Guardia de Franco… y con Fuerza Nueva, que obtendría representación parlamentaria.

Estas relaciones fueron claras en el caso más trascendental que significó un punto de inflexión en la transición: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, organizada por funcionarios del Sindicato de Transportes y por militantes de Fuerza Nueva, y relacionada con miembros de la Brigada de Información (antigua Brigada Político-Social, la policía política del franquismo). Esta combinación quedó patente en el caso Montejurra 76, en el que participaron neofascistas italianos, ultras españoles, incluso el ex ministro franquista Antonio María de Oriol y altos cargos del ministerio de Gobernación de Fraga Iribarne.

Ya con la Constitución vigente, en el caso del secuestro y asesinato de Yolanda González, esta combinación quedó demostrada judicialmente con la condena del jefe nacional de Fuerza Nueva, David Martínez Loza, y la intervención en distintos grados de un Policía Nacional que fue condenado por encubrimiento y un miembro de la Guardia Civil en activo. El 2 de febrero de 1980, fue asesinada la dirigente estudiantil Yolanda González Martín, de 18 años, por un comando compuesto por militantes de Fuerza Nueva, y organizado por el jefe de seguridad del partido de Blas Piñar. Yolanda procedía de las Juventudes Socialistas de Vizcaya, estaba afiliada a Comisiones Obreras, como trabajadora de la limpieza, y era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, una organización trotskista ya desaparecida, surgida tras una escisión del PSOE. En el instituto de formación profesional de Vallecas estudiaba primero de electrónica. Un comando de Fuerza Nueva, comandado por Emilio Hellín Moro, la asesinó y dejó su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le quitó la vida un tiro en la sien disparado por este ingeniero electrónico, que hoy vive plácidamente en Murcia, a pesar de haber sido condenado a más de treinta años por el asesinato y secuestro de Yolanda. ¿El motivo del crimen? Yolanda era una de las dirigentes de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional que organizaba las movilizaciones en Madrid contra las leyes educativas del gobierno de Unión de Centro Democrático. Con Yolanda, quiero recordar los rostros de algunas de aquellas personas jóvenes, a quienes arrebataron la vida comandos de supuestos “incontrolados”. Hoy estarían entre nosotros. Eran estudiantes, jóvenes trabajadores, conserjes, un ama de casa… Mientras se movilizaban por la democracia y la amnistía, muchos de ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con los verdugos. Perdieron la vida por disparos de arma corta, botes de humo lanzados a corta distancia, puñaladas, paquetes-bomba…

Las víctimas de la violencia institucional durante la transición española fueron silenciadas por la propaganda oficial, y no se les reconoció como víctimas del terrorismo hasta el 2005. Los muertos y los heridos están aquí y constituyen el auténtico precio de la transición democrática en España. Forman parte de la verdad, y como víctimas pueden morir por segunda vez con el olvido.

Mariano Sánchez Soler

2 comentarios en MARIANO SÁNCHEZ SOLER
La Transición Sangrienta: Demasiadas víctimas para el olvido

  1. Dimite el funcionario del expediente de la multa contra EndDimite el funcionario del expediente de la multa contra Endesa tras el acoso de la Junta. // 7 junio, 2016 en 12:52 pm // Responder

    El Gobierno de Susana Díaz dejó caducar la sanción a la multinacional, que el empleado público cifró en 6,6 millones de euros. Al final, la compañía no pagará ni un euro

    http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-06-06/endesa-junta-andalucia-luz-acoso-funcionario_1212069/

  2. La Leti se va a los puercos // 7 junio, 2016 en 6:07 pm // Responder

    Pues si nos llaman “masa sucia” a los proles, habrá que defenderse y responderles calificándolos también, y referirse a ellos como “los puercos”.

    Me refiero al Club Bilderberg, a sus componentes, cuya mención ya toca, porque la reunión anual que se celebra por estas fechas se aproxima -del 9 al 11 de junio-. Pues bien, señores, parece que nuestro entrañable y nunca bien ponderado, Cebrián, ha invitado a la prepará y su “compiyogui” esta vez será Albert Rivera. Aunque parece que Albert Rivera se muestra un poco reticente a ir, se debate entre la duda, porque ya sería demasiado evidente a qué intereses responde el partido del pijo con carita de niño de primera comunión ante la opinión pública.

    Enlazando con la noticia que he colgado con anterioridad, no dejemos de recordar por quien está sostenida y apoyada la mafia de la Junta de sinvergüenzas y gracias a qué partido sigue esta atracando y humillando a los andaluces.

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