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Miguel Manzanera: De la primavera de Praga al otoño de Barcelona

extrecomunes_articulo de Miguel Manzanera
El diablo es el arte de hacer mentir a las formas.
Denis de Rougemont
El síndrome del hombre maltratador tiene la misma estructura psicológica que la pasión del inquisidor en su amor abstracto por la víctima que tortura.  El policía que golpea a la multitud indefensa lo hace por el bien de todos, para que las masas aprendan a comportarse según mandan las leyes y se haga posible la convivencia.  También esos españoles aman a Cataluña y a los catalanes, cuando buscan su bienestar obligándoles a permanecer dentro del Estado español contra su voluntad.  Esa misma actitud tiene el tutor o la tutora paternalista con su pupilo o pupila, haciéndole permanecer en la infantilidad por la fuerza, impidiéndole el uso reflexivo de su razón.  Es una forma preilustrada de ser humano y no sabemos si alguna vez la humanidad será suficientemente madura para superar esa fase infantil de su desarrollo.  De momento, no hay más remedio que convivir con ella: es el componente más subjetivo e íntimo de la estructura social clasista y machista al mismo tiempo.
Por tanto, hay dos formas opuestas de realizar esa convivencia, bien reforzando las formas jerárquicas de las relaciones sociales, bien intentando combatirlas, buscando el modo de hacerlas desaparecer.  En esta última actitud existe la convicción de que la diferenciación entre víctimas y verdugos que se produce en las sociedades clasistas no es un rasgo esencial de la naturaleza humana, sino una forma transitoria de la vida social.
Cualquier persona sensata y bien informada puede reconocer esas formas perversas de comportamiento en la política del gobierno conservador hacia Cataluña, y en los millones de españoles que aplauden sus decisiones y votan su permanencia en el poder.  La agresión contra los catalanes y su gobierno, disfrazada de legalidad constitucional, se hace en nombre del contrato indisoluble del Estado español con los pueblos peninsulares.  Pero el divorcio es evidente y el contrato solo puede mantenerse por la violencia, frente a un pueblo que ha dado un ejemplo admirable de desobediencia civil y resistencia pacífica.
Y para demostrar que es un acto de amor, un poco rudo por cierto, cientos de miles de españoles provenientes del resto del Estado ocuparon Barcelona para confirmar que no se permitiría la autodeterminación catalana.  Afortunadamente no estamos todavía en tiempos de guerra civil, aunque ese recuerdo empieza a despertarse y se escucha cada vez más por calles y plazas despertando recuerdos pavorosos.  El conflicto solo acaba de empezar y de momento podemos observar un incremento constante de intensidad: si los catalanes persisten en su actitud, ¿veremos los tanques ocupar las calles con el aplauso de los políticos europeos y la OTAN?
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Decía Lenin que la derecha quiere guardar las formas, sin darse cuenta de que el contenido social ya ha cambiado.  Esto es, conservar la estructura de relaciones sociales, cuando ésta no se corresponde ya con el desarrollo actual de las fuerzas productivas.  El conservador piensa que si se pierden las formas –el respeto a la ley y las costumbres-, el entendimiento entre las personas se hace imposible, las relaciones sociales se vuelven violentas, la sociedad se convierte en un campo de lucha y los individuos se vuelven fieras intratables; así que consagra toda su energía a la conservación de las normas establecidas, en el temor de que su descomposición origine el caos.  Anda siempre pidiendo respeto para su persona, y exige a los demás que observen una conducta según su interpretación moralista de las relaciones sociales, la cual es ante todo la afirmación de su egoísmo.  Pero esto en el fondo no es más que el síntoma de su inseguridad en sí mismo y en las relaciones interpersonales, la debilidad de su comprensión del ser humano.
Ser conservador consiste en mantener antiguas costumbres sociales ritualizadas y sin contenido, para sujetar  a una sociedad histórica que ha evolucionado y necesita adoptar nuevas formas de relación entre sus miembros.  Pero su observación de las leyes es una actitud hipócrita que apenas esconde el deseo de aprovecharse del prójimo, y exige el uso de la fuerza para hacer cumplir la legalidad, utilizando la violencia para sostener el orden social que le beneficia.  Esto vale especialmente cuando el cuerpo jurídico del Estado se hace obsoleto: las leyes se transforman en fórmulas vacías sin sentido, escleróticos recuerdos de un pasado que no volverá; los jueces conservadores aplican al pie de la letra esas fórmulas sin preocuparse siquiera de las contradicciones que el lenguaje jurídico enfrenta con la realidad cotidiana de los ciudadanos.  En ese momento aparecen las inconsistencias del sistema legal, haciéndose cada vez más evidente la necesidad del proceso constituyente que renueve las estructuras sociales adecuándolas al desarrollo social.
La actitud de los partidos del régimen monárquico español en estos años de crisis, constituye un ejemplo paradigmático de esa actitud conservadora. El Partido Popular en el gobierno, apoyado por los partidos del bloque constitucionalista PSOE, C’s y regionalistas, hace una interpretación formalista y vacía de la Constitución, que refuerza el uso autoritario y retrógrado de la legalidad.  Se trata de impedir el desarrollo de un proceso democrático para la formulación de un nuevo contrato social, que haga posible la aparición de nuevas relaciones sociales. Es lo que se está pidiendo desde hace años desde los sectores más conscientes de la ciudadanía en el Estado español, lo que necesitamos poner en marcha para resolver los problemas de los pueblos peninsulares.
Pero el bloqueo que las instituciones del régimen monárquico oponen a esa evolución social ha impedido hasta el momento realizar ese proceso.  Esa actitud conservadora está promoviendo protestas generalizadas en la sociedad, y Cataluña está en la vanguardia de la movilización, como todo el mundo ha podido comprobar en la primera semana de octubre.  La única respuesta que ofrecen los poderes constituidos, ha consistido en blindar la ley, incrementando las sanciones y castigos por desobediencia o simple incumplimiento. Entramos de ese modo en un proceso de vaciamiento de la democracia, ya bastante recortada, que se estableció con la Constitución del 78, y el Estado español se vuelve cada vez más autoritario.  Los artículos de Javier Pérez Royo nos ilustran cómo esa operación se está haciendo mediante la subversión conservadora del sentido de las leyes, aprovechando las ambigüedades del texto constitucional, calculadas hace mucho tiempo, cuando Juan Carlos otorgó la Carta Magna.
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El presidente de la Comisión Europea, órgano de gobierno de la UE que nadie ha elegido, ha confirmado que Europa no mediará en el problema de Cataluña, negando la posibilidad de que se convierta en un Estado independiente.  Así, al avalar las decisiones del gobierno español, Juncker se pone en línea con el autoritarismo del PP y su flagrante violación de los derechos humanos.  La argumentación para justificar esa decisión no puede ser más banal: la independencia de Cataluña podría provocar el deseo de autodeterminación de las numerosas nacionalidades sin Estado que componen Europa; y esto sería ingobernable.  El argumento favorito de los liberales: la ingobernabilidad de las democracias sirve ahora también para ahogar la voluntad de los catalanes.
La complacencia de los conservadores europeos ante el autoritarismo de Rajoy y el empleo de la fuerza bruta para impedir el referéndum de autodeterminación del 1-O, está en consonancia con la deriva reaccionaria del imperialismo.  Nos encaminamos al fascismo en Europa a paso firme, como en América: es la cara interna de la política belicista de la OTAN en Oriente Medio y su confrontación generalizada con Rusia y China.  La ceguera de las instituciones liberales europeas ante el avance del fascismo en este continente y en el mundo entero, es una política decidida por la oligarquía financiera imperialista para salvaguardar sus privilegios.
El mismo Juncker afirmaba hace un mes que «en Europa la fuerza está al servicio de la ley, y no la ley al servicio de la fuerza».  Pero no es fácil distinguir ese principio fundamental en las actuaciones de la policía española frente al pueblo catalán.  ¿Es admisible el empleo de la fuerza para salvaguardar una ley que el pueblo considera injusta?  ¿No sucede más bien que la ley se ha usado como excusa para impedir el libre ejercicio de la democracia?  ¿Y no es más necesaria que nunca la democracia en un momento de crisis económica, política y social como la que estamos atravesando en Europa y en el Estado español?
La ingobernabilidad de la democracia es el guiño de ojo con que los que gobiernan expresan su temor a perder el poder; tienen la convicción de que solo ellos saben manejar el timón del Estado y poner orden en la sociedad.  No necesitan la supervisión de nadie y menos del pueblo infantilizado por la cultura de masas.  Y eso significa que el liberalismo se ha hundido en sus propias contradicciones, que los ciudadanos abjuran del uso de la razón y los oligarcas abrazan la causa de la razón de Estado.  Ya no es posible el control del poder político por el pueblo mediante los procedimientos electorales, porque la quiebra del Estado de derecho es muy profunda.  Y ante el temor de una revolución social justifican el empleo de la fuerza bruta para sostener la jerarquía social.  Y de ese modo se está produciendo una auténtica revolución conservadora, una «revolución pasiva» en términos gramscianos: todo debe cambiar para que nada cambie.
Artículo publicado en Extrecomunes

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