El Vortice. Controlados, privatizando España Golpe a Golpe

15000 Millones de euros… Bien merecen un Golpe de Estado… ¿No?
Pocos se han enterado y menos se quieren enterar.
En el año 2010, en plena legislatura del Gobierno Zapatero, España sufrió un Golpe de Estado diseñado para esconder la peor reforma contra los derechos de los trabajadores en la historia moderna de este país.

Una operación de «Falsa Bandera» planeada para distraer la atención de la ciudadanía del expolio al que la casta política ha sometido al país, transformado el conflicto laboral de los Controladores Aéreos en un asunto de Estado.

De esa forma se ha escondido la entrega fraudulenta de la industria del turismo a intereses privados y, la privatización de una de las empresas públicas más rentables de España.

Al mismo tiempo que se declaraba un Estado de Alarma, por primera vez en Democracia, se tapaba la posible intervención del país por parte de la Troika, se inició la venta de Loterías y Apuestas del Estado, se pusieron los cimientos para la eliminación de los Convenios Colectivos y el fin de la ultra actividad de los mismos, se eliminaba el cheque bebe, la ayuda a los parados de larga duración, se cambiaba la Ley de expropiación del terreno y un largo sinfín de modificaciones a base de «Decretazos», que pasaron desapercibidas gracias a los acontecimientos que llevaron al cierre del Espacio aéreo español por parte del Gobierno.

El Gobierno declara el estado de alarma.

El Gobierno ha decretado el estado de alarma por primera vez en la historia al no haberse normalizado la situación del tráfico aéreo. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha reunido con el resto del Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para valorar la situación ante el caos aeroportuario generado por la negativa a trabajar de los controladores.

Según anunció el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el estado de alarma supone que «los controladores pasan a estar movilizados».

«Estas movilizaciones suponen que en caso de no acudir a su puesto de trabajo, los controladores estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal militar», afirmó Rubalcaba.

Este delito puede acarrear penas de entre dos años y cuatro meses de cárcel a seis años además de la pérdida de empleo, según el artículo 102 del Código.

Rubalcaba ha justificado la decisión en que «es evidente que no se ha producido esa normalización» necesaria para evitar el estado de alarma. «Nuestros aeropuertos siguen paralizados», ha asegurado.

El vicepresidente ha dicho que el decreto con esta declaración de estado de alarma, que puede estar en vigor durante 15 días, se publicará en una hora, sobre las 13 horas, con lo que «tendrá efecto inmediato».

El Ministerio de Defensa, a través del Ejército del Aire, está comunicando a los controladores aéreos que pasan a tener condición militar y quedan sometidos a las leyes penales y disciplinarias militares.

Los militares, que están al frente de las torres de control de los aeropuertos, comunican personalmente a los controladores «la nueva situación» en la que se encuentran, es decir, sus «obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir» si no cumplen las primeras.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha quedado constituida la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que presidirá Zapatero y que se mantendrá reunida para evaluar la situación en los aeropuertos.

Noticia de «El Mundo» de 05/12/2010
 

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